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La educación es algo muy serio. ¡No a algunas reformas que se plantean en España!
La vida no puede detenerse, se dice. Es verdad. La sociedad española necesita tomarse mucho más en serio la educación. Es verdad. No se puede cambiar de ley de educación cada vez que se cambia de gobierno. Nadie puede pretender que los demás piensen como él, se preocupen como él, den prioridad a sus intereses. Es verdad. La expresión ‘luz y taquígrafos’ se ha venido usando en las democracias para denunciar oscurantismos, atajos o procedimientos por los que se hurta a la sociedad el conocimiento de los problemas, la transparencia, el diálogo sereno.
En circunstancias tan complicadas como las que vive España, donde las comunidades educativas (de todo tipo de escuelas: públicas, concertadas, privadas…) llevan meses preocupadas por garantizar la seguridad de alumnos, docentes, trabajadores y familias, el gobierno y algunos partidos políticos han considerado urgente promulgar una nueva ley de educación y están permitiendo que su discusión parlamentaria no incluya los espacios en los que suele darse la palabra sobre el tema tanto a expertos como a grupos y personas que pueden enriquecer el texto.
El uso de palabras como progreso, diálogo, innovación, futuro, igualdad no garantiza que quien las pronuncie dialogue, sea realmente progresista o trabaje por la igualdad que invoca. Algunas decisiones que el actual gobierno de España promueve recortan muy seriamente y dificultan de modo muy grave derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Daría la impresión de que con los cambios que se pretende aprobar se quiere alterar ‘por la puerta de atrás’ el sentido de lo que voces con bien acreditada militancia socialista llamaron “el gran pacto de los españoles por la educación”: el texto del artículo 27 de la Constitución y su posterior desarrollo en el sistema de conciertos
Los tribunales de varias comunidades autónomas han frenado hasta ahora lo que hoy se pretende legislar, que el derecho de las familias a ‘elegir’ colegio se convierta en un derecho a que ‘se les asigne’ colegio. Algo que no sorprendería en regímenes autoritarios o dictatoriales pero que llama (y mucho) la atención en una democracia. ¿Es esto progresar?
Considerar ‘de segunda’ a hombres y mujeres que llevan décadas educando y que se entregan día a día en los colegios porque lo hacen en un centro concertado no parece muy igualitario. Argumentar que los colegios concertados son ‘para ricos’ es necesitar ir hoy mismo al oculista, tener un problema serio con la verdad o desconocer España.
Como entidad responsable de siete colegios concertados repartidos por diversas comunidades autónomas. Como familia religiosa a la que varios miles de familias han querido implicar en la educación de sus hijos. Como misioneros compañeros de camino de varios cientos de laicos que se ganan el pan educando y saben mucho de promoción de la justicia, calidad profesional y entrega, la Provincia Claretiana de Santiago entiende que hoy tiene que alzar su voz y ha dirigido un comunicado a las familiares y educadores de sus siete centros.
No podemos apoyar ‘esta’ Ley. No podemos aplaudir cómo se está elaborando. Tenemos intereses como entidad, incluso si se quiere como ‘empresa’, pero nos parece que están en juego cuestiones mucho más importantes. Otras muchas también lo son (vivienda, atención sanitaria, cortes de luz, desempleo…). No las olvidemos. Pero estas también.
Nos encantaría que España tuviera la mejor educación pública de Europa. Nos gustaría (sería de justicia) que sus profesionales merecieran la consideración social y la retribución que merecen. Por defender la educación concertada no odiamos ni despreciamos la pública. Decir otra cosa es mentir.
Sí a una escuela pública de verdadera calidad; no a esta Ley.
Sí al verdadero reconocimiento del trabajo de los educadores; no a esta Ley.
Sí al respeto a los derechos de todas las familias; no a esta Ley.
Sí al bien de los chavales; no a esta Ley.
¡Qué pena que como sociedad podamos perder esta oportunidad!
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