CONTRA LA INJUSTICIA

El 17 de mayo de 2004, hace 14 meses, en la cárcel estatal de San Pedro Sula, ciudad situada a 165 kms. al norte de Tegucigalpa, se vivió la peor tragedia en la historia de Honduras. Un incendio se cobró la vida de 107 pandilleros juveniles y otros 30 resultaron con graves quemaduras. Todas las víctimas pertenecían a la mara 'Salvatrucha', una de las más peligrosas y violentas de este país centroamericano. Oficialmente, se dijo que la mayoría de las muertes se había producido por quemaduras y por asfixia, pero algunos supervivientes declararon que los guardias del penal habían disparado contra los pandilleros. A pesar de que se abrió una investigación acerca de las circunstancias del incendio, hasta ahora no se ha dado ninguna explicación, ni se ha abierto expediente alguno. Ante esta realidad, el obispo Ángel Garachana ha escrito una carta, titulada Porque amamos y sufrimos: esperamos justicia, en la que habla de la violencia, de la realidad de las cárceles hondureñas, en las que cada año mueren centenares de presos, en su mayoría jóvenes, y en la mayor parte de los casos sin que haya terminado el proceso judicial, preguntando por la responsabilidad del Estado y de la sociedad. En el texto, el prelado señala que "la espiral de violencia en la que nuestra sociedad se ve envuelta nos convierte a todos en víctimas, sufrimos la cultura de muerte y miedo, de la que a la vez somos responsables. Sin embargo, las soluciones que el Estado nos presenta son represivas y sectarias. ¿Qué hemos ganado con tanta muerte y represión? ¿Seremos capaces de encontrar soluciones y generar respuestas desde la no violencia?”. Tras resaltar que la vida es un don de Dios, el obispo Garachana recuerda que toda persona es imagen de Dios y, por lo tanto, "bajo ninguna justificación debe ser humillada, ultrajada o aniquilada, ya sea por acción, o por omisión mediante la negligencia, la indiferencia o el dejar pasar". En este sentido, recuerda que ha pasado un año y dos meses desde los sucesos del penal de San Pedro Sula, sin que "el sistema judicial hondureño haya encontrado responsabilidad alguna en la muerte de estos privados de libertad y la realidad penitenciara no ha cambiado, a pesar de las promesas que estas muertes provocaron en nuestros gobernantes". Cumplir las obligaciones Recuerda el obispo que durante este tiempo la Iglesia ha acompañado a los familiares de las víctimas del incendio y "con ellos estamos motivando la denuncia internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que determine si el Estado de Honduras es responsable de violentar las obligaciones contraídas en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos y otros instrumentos jurídicos internacionales de los que Honduras forma parte. Obligaciones como la de preservar la vida, la dignidad y la integridad física de aquellos privados de libertad que fallecieron estando bajo la tutela del Estado. Y que, lejos de proporcionar a los familiares afectados y a la sociedad hondureña, los recursos expeditos para descubrir la verdad sobre los hechos, ha optado por el camino de eludir lo que en Justicia se requiere: reconocer la dignidad de la persona humana". Ángel Garachana indica en su misiva que no se busca ningún tipo de enfrentamiento con el Estado, ni con ninguno de los poderes, ni con ningún gobernante concreto, pero recuerda que el Estado tiene la obligación de garantizar la vida, además de la rehabilitación de los privados de libertad y, por ello, "es urgente y necesario que se efectúen cambios en el sistema penitenciario". El obispo de San Pedro Sula termina su escrito diciendo que "no podemos permitir que la muerte, la impunidad, se adueñen de la realidad de nuestro país, no podemos quedar impasibles. Porque amamos y sufrimos, esperamos y nos ponemos manos a la obra en la construcción de una sociedad más justa, solidaria y pacífica. Con la colaboración honesta y responsable de todos una Honduras distinta es posible".
J. I. Igartua ("Vida Nueva", 30 julio 2005, p. 38)