Simón Cortina: “Necesitamos una ley educativa que respete los derechos de las familias”

A propósito del Pacto Educativo Global convocado a mediados del mes de octubre por el papa Francisco, el secretario de la Conferencia Episcopal Española, Mons. Luis Argüello, lanzaba una pregunta abierta en redes sociales. ¿Será posible en España una educación basada en el protagonismo de la familia y en la promoción de una economía, política y cultura al servicio del desarrollo humano? El prelado se apoyaba así en el magisterio de Bergoglio para insistir en la idea de que, también en nuestro país, tenemos que seguir avanzando todos juntos, en diálogo continuo, cada uno como es, en una educación basada en los valores del cuidado, de la acogida del otro y de la fraternidad. No pasó ni un día para que los medios de comunicación nacionales dieran la noticia de que en la reunión de la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados donde se tramita la LOMLOE, conocida también como ‘ley Celaá’, se votara en contra de que la comunidad educativa comparezca durante el debate de dicha ley.

Este veto a que distintos expertos en educación puedan tomar la palabra sobre una cuestión que les compete es un hecho insólito en nuestra democracia.  “Se tratará de la primera ley educativa que no tenga en cuenta la opinión y la experiencia de sus profesionales”, lamenta el misionero Simón Cortina, director del Colegio Corazón de María de Gijón y presidente de Escuelas Católicas de Asturias, institución que agrupa a 58 colegios de la región y bajo cuyo paraguas estudian 32.000 alumnos y trabajan 2.300 profesores.

La LOMLOE no es fruto del consenso que reclama el conjunto de la sociedad, consciente de que en educación nos jugamos mucho. Así ya quedó patente en los planteamientos de la propuesta de la ley, restrictiva desde el principio con la libertad de enseñanza en múltiples apartados. Bien es sabido que las polémicas comenzaron cuando la ministra eliminó el concepto de demanda social como aspecto a tener en cuenta en la programación de puestos escolares. Pero a medida que fue pasando el tiempo, la comunidad educativa se sorprendía viendo cómo se iban añadiendo distintos ingredientes a un plato de difícil digestión.

Los argumentos de la ley se inventaron un ‘derecho a educación pública’, frente al único ‘derecho a la educación’, reconocido y constitucional. Se postergaba también la asignatura de religión, imponiéndose una nueva, que tiene como fondo la educación en valores éticos. Deslizaba que los derechos de la infancia deberían ser garantizados por la Administración, en lugar de reconocer que son los padres los que protegen a sus hijos. Por último, insistía en la falta de autonomía de los colegios, cuestionaba la supervivencia de los centros específicos de Educación Especial y nunca se planteó garantizar la educación en idioma español. Todos estos cambios legales tienen la pretensión de justificar un nuevo paradigma en defensa de una escuela pública única. Por ello, Cortina menciona expresamente el ataque que la LOMLOE supone para la escuela concertada. “Este modelo educativo, el de escuela concertada, no es una "anomalía" en nuestro sistema. Existe con otros nombres en otros países de la Unión Europea. La concertada nace para garantizar el derecho constitucional de las familias a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Es una garantía jurídica y educativa para el ejercicio de ese derecho con independencia de los recursos económicos de los que pueda disponer la familia”, argumenta el claretiano.

Ya lo advirtió el nuevo secretario general de Escuelas Católicas, el religioso trinitario Pedro Huerta. En una reciente entrevista a Europa Press, Huerta mostraba su acuerdo en la necesidad de reformar la ley educativa, pero su rechazo a la ‘Ley Celaá’ propuesta por el gobierno. “Tiene una carga ideológica bastante fuerte”, aseguraba. A su entender, “con ella se busca una especie de asfixia a la escuela concertada”. Para Simón Cortina, la estrategia es clara. “El Gobierno no va a publicar directamente una ley que elimine la educación concertada. Van poco a poco. Pretenden una desaparición progresiva: eliminación de la demanda social, imposición de criterios administrativos de planificación al margen de la elección de las familias, escasez de financiación... Quieren que dejemos de ser complementarios para pasar a ser meramente subsidiarios de la escuela pública”. Finalmente, el claretiano coincide con el secretario de Escuelas Católicas en demandar una reforma distinta a la que plantea el Ministerio de Educación: “Haría falta una nueva ley que nazca del necesario consenso, que se ocupe de solucionar los verdaderos problemas de aprendizaje, que potencie la innovación tecnológica y metodológica, que respete los derechos de las familias y que procure los necesarios recursos financieros”.